lunes, 27 de junio de 2011

Proyecto de Ley Andaluza de promociòn del trabajo autónomo


El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 21 de junio el proyecto de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. El texto, que será remitido al Parlamento, reúne todas las medidas de la Administración autonómica para respaldar a un colectivo que actualmente supera los 469.000 trabajadores por cuenta propia. Su aprobación convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que eleva a rango de ley las políticas en esta materia.

Elaborado por la Consejería de Empleo de acuerdo con las directrices del VII Acuerdo de Concertación Social, el proyecto establece en su primer capítulo el compromiso de la Junta de elaborar un plan estratégico consensuado con los agentes socioeconómicos más representativos. Este documento, de vigencia cuatrienal, recogerá un diagnóstico del sector y un sistema para evaluar la calidad de los servicios que la Administración autonómica presta en este ámbito.

Respecto a las políticas activas de empleo dirigidas a los autónomos, recogidas en el segundo capítulo, la norma incluye incentivos directos para el inicio y el mantenimiento de los proyectos; bonificaciones y exenciones fiscales; disposiciones para facilitar la conciliación con la vida familiar, y una amplia batería de medidas de asesoramiento, asistencia técnica, promoción del trabajo en red, formación y reciclaje profesional.

Las líneas de respaldo financiero directo seguirán el modelo de la actual Orden de Incentivos al sector, vigente desde mayo de 2010 y que fija ayudas de entre 4.000 y 11.000 euros, con atención preferente a proyectos en áreas territoriales desfavorecidas, vinculados a la economía sostenible (medio ambiente y energías renovables, atención a la dependencia, nuevas tecnologías y rehabilitación de vivienda, entre otros) o promovidos por colectivos con necesidades especiales (como los de jóvenes menores de 30 años, parados de más de 45, personas con discapacidad, inmigrantes y mujeres víctimas de violencia de género).

En cuanto al resto de las medidas de fomento, el proyecto incorpora como principal novedad la creación del Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia, que reconocerá los proyectos más destacados desarrollados en el ámbito del autoempleo.

Para mejorar la prevención de riesgos laborales, el tercer capítulo del texto normativo prevé el desarrollo de campañas de información, formación y asesoramiento técnico, así como la apertura de una línea de subvenciones para facilitar inversiones en vigilancia, seguridad y salud laboral de los establecimientos.

La colaboración institucional se recoge en el capítulo cuarto con la creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, órgano de participación de las asociaciones y organizaciones representativas de estos profesionales que también ejercerá funciones de asesoramiento al Gobierno andaluz. Para promover la constitución de las asociaciones de autónomos se dispone, además, la creación de un registro específico.

Finalmente, en el capítulo quinto del texto se incorpora la previsión de crear un mecanismo de arbitraje específico para los trabajadores por cuenta propia, adscrito al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos de Andalucía (Sercla) que funciona en el ámbito general laboral.

Andalucía es, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma con más afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (469.680). El trabajo por cuenta propia representa el 17% del Producto Interior Bruto regional y, junto con las pequeñas y medianas empresas, absorbe el 80% del empleo.

Durante la última década, el número de trabajadores autónomos se ha incrementado en un 18% en Andalucía, frente al 5,6% del conjunto nacional. En términos absolutos, la aportación de 71.764 nuevos afiliados en los últimos diez años superan el crecimiento registrado en comunidades como Madrid y Valencia juntas.

El apoyo al autoempleo en Andalucía se ha traducido este año en unas ayudas directas de más de 51 millones de euros. En los últimos seis años, las inversiones públicas dirigidas al sector han superado los 265 millones de euros, incluyendo tanto los incentivos directos como el resto de las medidas de respaldo.

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